ORGANIZADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TEPJF EN LA CIUDAD DE MEXICO D. F.
LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA ES MUY IMPORTANTE EN LOS PROCESOS DE CONSTANTES CAMBIOS EN LA VIDA SOCIAL Y POLÍTICA DE UN PAÍS: ROGELIA GONZALEZ LUIS.
TEPJF: NECESARIAS ACCIONES PARA UNA DEMOCRACIA INFLUYENTE CON LAS MUJERES.
- El TEPJF conmemoró el 58 aniversario del voto de la mujer en México
- La justicia electoral mexicana, a la vanguardia en la protección de los derechos fundamentales
- Juzgar con perspectiva de género y garantizar derechos político electorales de las comunidades indígenas, compromiso del TEPJF
México D. F.
Con la participación de mas de 40 mujeres indígenas zapotecas de la San Dionisio del Mar, Reforma de Pineda, Chahuites y Juchitan de Zaragoza, integrantes de la Regiduría de Derechos Humanos e igualdad de Genero, Grupo de Mujeres 8 de Marzo A. C., Movimiento Social y Cultural Simona Robles, Grupo de Mujeres 10 de Mayo así como jóvenes estudiantes del 8° semestre de la especialidad de Psicología del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec IESIT, se llevo a cabo el 58 Aniversario del voto de la mujer mexicana, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, señalo en entrevista la Profra. Rogelia Gonzalez Luis regidora de Derechos Humanos e Igualdad de Genero del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Juchitan.
A invitación de la maestra Ruth Zavaleta coordinadora de Institucionalizacion de la Perspectiva de Genero del TEPJF, Gonzalez Luis participo en la mesa 3: En la mesa 3, “Protección jurisdiccional al acceso y ejercicio de los cargos de elección popular de las mujeres indígenas”, contando con la participaron de Salvador Nava, magistrado del TEPJF; Santiago Nieto, presidente de la Sala Toluca del TEPJF; Reynaldo Lazcano, magistrado del Tribunal Electoral de Puebla; Xóchitl Raquel Pérez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Oaxaca, y fue moderada por Luz María Zarza, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México.
Desde el reconocimiento del derecho al voto femenino se han registrado avances importantes, pero falta más por hacer para que la sociedad y los sistemas judiciales asuman, ejerzan y procuren una sociedad democrática, igualitaria y justiciera; para que el Estado garantice a las mujeres una vida digna, libre de cualquier forma de violencia o discriminación, enfatizó José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al inaugurar el evento “Aniversario del Voto de la Mujer Mexicana. Mujeres y Comunidades Indígenas, binomio para una justicia electoral”, el magistrado conminó a ver hacia adelante, trabajar por un futuro equitativo y promover la autodeterminación de los pueblos, la universalidad del voto y la protección de los derechos de las mujeres de los pueblos indígenas.
Subrayó que la más consistente aportación de los jueces a esta causa es juzgar con perspectiva de género. El TEPJF, dijo, forma parte de un pacto para introducirla en los órganos de justicia mexicanos; el Tribunal Electoral está a la vanguardia en el país y en el ámbito internacional, como lo reflejan las sentencias, tesis y jurisprudencia que ha emitido esta institución, señaló.
Por su parte, la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que “vivimos una crisis de representatividad que no permite alcanzar el anhelo de ser una República, pues ésta se manifiesta a través del principio constitucional. Durante años las constantes en el discurso fueron temas como la conciencia, la toma de decisiones, las políticas, el sufragio, pero hacen falta acciones para escuchar la voz de quienes no son vistas ni oídas”.
Hace falta la representación efectiva, sentenció la ministra; es decir, hacerlas visibles a través de los mecanismos electorales de representatividad que buscan reproducir a la sociedad civil en el parlamento, en los ámbitos de decisión, por medio de las personas, representantes que la misma sociedad elige. Necesitamos no sólo manifestar nuestra voluntad a través de las urnas, sino que necesitamos que esa voluntad sea efectivamente llevada a cabo, agregó.
Es largo el camino para consolidar una democracia incluyente en México, que proteja y haga valer los derechos fundamentales de todas las mujeres, y más aun de aquellas originarias de pueblos indígenas, coincidieron ministras, magistradas, magistrados, legisladoras, funcionarias, gobernantes y expertas en materia de género.
María del Carmen Alanis Figueroa, magistrada de la Sala Superior del TEPJF, enfatizó que en México hay solo 5.3% de presidentas municipales; 26% de las direcciones nacionales de los partidos las integran mujeres; una cuarta parte del total de los consejos y tribunales electorales del país son mujeres; por ello, no pueden sentirse incluidas quienes buscan participar en la vida política del país.
Destacó la trascendencia de impartir justicia electoral con perspectiva de género, de que haya un tribunal que escuche y defienda los derechos vulnerados de las mujeres candidatas, dirigentes partidistas o cualquier otra expresión de la participación política. En vísperas de las elecciones de 2011 y 2012, llamó a las mujeres a dar la batalla por el pleno reconocimiento de sus derechos, pues hay un tribunal que las defenderá.
Daniel Cabeza de Vaca, consejero de la Judicatura Federal, destacó que el reto del tercer milenio es lograr la ciudadanía plena de las mujeres, que implica más que los derechos de votar y ser votadas, sino además alcanzar la verdadera equidad socioeconómica.
Aseguró que las condiciones de pobreza y marginación en que viven muchos grupos de mujeres, limita sus posibilidades de conocimiento y participación en la vida política del país respecto de los hombres, por lo que se incumple el precepto constitucional que garantiza dichos derechos de equidad e igualdad.
María de los Ángeles Moreno, senadora de la Republica, señaló que es difícil hablar de democracia cuando se discrimina a más del 50% de la población: las mujeres. Confió en modificar esta desigualdad y arribar a una participación igualitaria entre los dos géneros para construir un mejor país.
Advirtió que en el padrón electoral hay más mujeres, y ellas pueden inclinar la balanza respecto de los representantes que se desean elegir. Precisó que es pertinente pasar de la democracia formal a la real, que debe entenderse como la inclusión de las mujeres, de las indígenas, de todos los jóvenes en la vida política del país, porque algo está fallando en los políticos que no logran interesar a las nuevas generaciones.
Ivonne Ortega, gobernadora constitucional de Yucatán, enfatizó que cuando las mujeres se deciden logran sus metas; recordó que ella en 10 años ha participado en nueve procesos electivos distintos para poder acceder a un cargo de representación popular, y lo ha conseguido.
Por ello, conminó a las presentes y a todas las mujeres a participar en la toma de decisiones y hacer valer sus derechos.
Diego Antoni, director del Programa de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, detalló que el PNUD junto con el TEPJF han desarrollado estudios para medir la participación de la mujer en la política. En las legislaturas del periodo 1997-2000 sólo hubo dos diputadas y una senadora indígenas; en las siguientes legislaturas ninguna parlamentaria se dijo abiertamente indígena.
En 2008, de 224 diputadas en todo el país sólo 4 fueron mujeres indígenas; es decir, de 32 estados sólo 3 tuvieron representación de mujeres indígenas en sus congresos locales: 2 diputadas en Oaxaca (una chontal zapoteca y la otra mije); una mujer náhuatl en Puebla, y otra más en Veracruz, lo que corresponde al 2 por ciento del total de las diputaciones.
En la primera mesa “Autodeterminación de las comunidades indígenas. Límites previstos en el orden constitucional mexicano”, participaron Claudia Pastor Badilla, presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF; Margarita Dalton Palomo, Investigadora del Centro de investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); Eufrosina Cruz, diputada del Congreso de Oaxaca; y como moderadora Alma Delia Eugenio Alcaraz, Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal Electoral de Guerrero.
Coincidieron en que la autodeterminación de las comunidades indígenas no transgrede la Constitución mexicana; pues decidir sus formas de participación política puede complementarse con el régimen constitucional, y con ello garantizar los derechos fundamentales y los comunitarios.
El magistrado Manuel González Oropeza de la Sala Superior, señaló que la libre determinación de los pueblos significa que elijan a sus propios gobernantes, se den sus propias normas y defiendan su autonomía respecto del exterior de la comunidad.
Recordó que en el año 2003, el Tribunal Electoral de Oaxaca reconoció al primer partido político indígena llamado “Unidad Popular”, que el pueblo triqui configuró para participar en las elecciones locales de ese año, con lo que se reconocieron los derechos indígenas y sus prerrogativas constitucionales para hacerse oír fuera de la comunidad, a nivel de las autoridades estatales y federales.
En la mesa dos, “Universalidad del sufragio. Una garantía para la inclusión de las mujeres indígenas en las elecciones de sus representantes”, las ponentes fueron Ana Lau Jaiven, Investigadora de la UAM Xochimilco; la magistrada Alanis Figueroa del TEPJF; María Macarita Elizondo Gasperín, consejera del Instituto Federal Electoral; la Sra. Katrina Cooper, embajadora de Australia en México; Sandra Serrano, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México; con la moderación de Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada del Tribunal Electoral de Baja California Sur.
Coincidieron en pensar en la justicia electoral alternativa, como una política pública que permita entablar un diálogo entre el derecho constitucional mexicano y los usos y costumbres de las comunidades indígenas; propusieron para ello un cambio en la forma de emitir sentencias del Tribunal que atiendan la realidad de las mujeres de esas comunidades; además, acciones legislativas que permitan la plena incorporación de más mujeres en la vida política nacional.
En la mesa 3, “Protección jurisdiccional al acceso y ejercicio de los cargos de elección popular de las mujeres indígenas”, participaron Salvador Nava, magistrado del TEPJF; Rogelia González, regidora de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; Santiago Nieto, presidente de la Sala Toluca del TEPJF; Reynaldo Lazcano, magistrado del Tribunal Electoral de Puebla; Xóchitl Raquel Pérez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Oaxaca, y fue moderada por Luz María Zarza, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México.
Resaltaron las diferencias entre hombres y mujeres durante la competencia política, pues los primeros se dedican de manera profesional a esa actividad, en tanto que las mujeres no tienen acceso a ella. Observaron avances en las leyes, pero es escaso el fomento de liderazgos desde los municipios en donde no están representadas las mujeres ni en sus cabildos; por ello, propusieron intensificar la presencia de las instituciones en esas comunidades para capacitar a sus integrantes en sus propias lenguas.
El magistrado González Oropeza, en representación del presidente del Tribunal, clausuró el evento; y consideró que los mayores aportes de estos trabajos las experiencias, conocimientos y propuestas, serán recogidos en la impartición de justicia con perspectiva de género y para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de México.
Irma Alicia Velásquez Nimatuj, directora ejecutiva de Mecanismos de Apoyo a los Pueblos Indígenas de Guatemala, expuso sobre la participación política de las mujeres indígenas en su país. Al evento asistieron la ex gobernadora Amalia García; la ex candidata presidencial Cecilia Soto; María de la Paz López de ONU Mujeres; la maestra Mercedes Barquet de El Colegio de México; además de magistradas y magistrados electorales de diversos estados del país.
